Quiero expresar en esta ocasión el disgusto
que me causó la pasada semana el auto con el que el Juzgado de lo Social
desestimaba la demanda de ejecución de sentencia de las cuatro empleadas de la
Oficina de Recaudación de Los Barrios. Trabajadoras que llevan ya –¡se dice muy
pronto!– dos años sin cobrar sus nóminas. Prácticamente desde que el señor
Jorge Romero es primer edil del citado municipio y el Partido Popular gobierna
en la Diputación.
Es verdad que dicho auto no cierra la puerta,
sino todo lo contrario, a que estas empleadas puedan exigir los salarios que se
les adeudan iniciando otro procedimiento de reclamación de cantidad. Pero
resulta lamentable, muy lamentable, la circunstancia en la que se encuentran,
de la que son culpables el señor Jorge Romero, por un lado, y los actuales dirigentes
políticos de la institución provincial, por otro, por muchos balones que traten
de echar fuera. Situación la suya –la de estas trabajadoras– que, además, se ve
agravada por esa lentitud en el funcionamiento de la justicia de la que la
jurisdicción de lo laboral tampoco se libra. Y menos aún en los tiempos que
corren.
Veintitrés meses sin cobrar sus salarios, y
aun así acudiendo a diario a su puesto de trabajo siempre que la salud y los
ánimos no se lo han impedido, son muchos meses. La falta de sensibilidad de
quienes tienen en su mano resolver o paliar el problema de estas trabajadoras
resulta irritante. Y más irritante todavía que traten de escurrir el bulto
responsabilizando a los anteriores dirigentes tanto del Ayuntamiento como de
Diputación y, cómo no, al PSOE.
Muchos bemoles ha mostrado el alcalde de Los Barrios
desde que ocupa el cargo, pero, eso sí, sólo para mandar gente al paro
saltándose la legalidad y para jactarse
encima de ello, presumiendo como si fuera un gran mérito. Aunque muy pocos
–bemoles, quiero decir– ha exhibido para ofrecer una salida digna a estas mujeres,
que, supongo, son todas ellas madres de familia y deben estar pasando poco
menos que un calvario. Y mucho marear la perdiz es lo que ha hecho la gente del
PP, que va por ahí escudándose tras el manido argumento de la ruina que los
socialistas dejaron como si ellos no hubieran gobernado en ningún sitio y no
hubieran roto nunca un plato.
Sin embargo, lo indignante de este triste
asunto es que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Los Barrios, encabezado
por el señor Romero, se excuse en el hecho de que la empresa municipal de
Recaudación, de la que estas trabajadoras dependen, se encuentra en concurso de
acreedores. Y digo indignante porque las otras sociedades municipales también
están disueltas y sometidas a proceso concursal y esto no ha sido óbice para
que se les haya pagado a algunos de sus proveedores facturas por más de 4
millones de euros. Detalle éste, por cierto, sobre el que más de uno, a buen
seguro, tendrá que ofrecer las oportunas aclaraciones donde corresponda llegado
su momento.
Puedo entender que ni la Diputación ni el Consistorio
barreño cuenten a fecha de hoy con disponibilidad presupuestaria para hacer
frente a los doscientos mil euros que digo yo se necesitarían para saldar la
deuda con estas empleadas. Pero lo que no me explico es cómo no hay ni en la
institución provincial ni en la local nadie con la lucidez y la autoridad
suficientes para, al menos, optar por la vía pragmática de facilitarles a las
afectadas la carta de despido a fin de que puedan cobrar el subsidio por
desempleo, mientras mantienen la esperanza de un pronunciamiento favorable del
TSJA que las restituya en su puesto y les reconozca sus derechos, lo que,
imagino, sería para ellas todo un alivio. Provisional, pero alivio a fin de
cuentas.
La Verdad del Campo de Gibraltar, 2 de diciembre de 2013
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