El precio de la paz

Mira por donde la que viene va a ser la primera manifestación de la AVT a la que al partido de don Mariano Rajoy le va a costar ir como a ninguna otra de las convocadas por este colectivo. Aunque, si en lugar de estar al frente del gobierno lo estuviera de la oposición, ustedes ya me entienden, otro gallo cantaría. Lo que demuestra bien a las claras, una vez más, una verdad de Perogrullo: que no es lo mismo tener la responsabilidad de gobernar que tener el objetivo de fastidiar a quien gobierna –se esté o no cargado de razones– cada vez que se puede. Fenómeno éste sobre el que los dos grandes partidos mayoritarios de este país, es decir, PSOE y PP, lamentablemente, pueden dar lecciones. Pero, sobre todo, y lo digo asumiendo que se me tache por ello de parcialmente tendencioso, el PP. Para constatarlo basta con hacer un poco de memoria y, si no, acudir a las hemerotecas. Lo que no voy a hacer en las líneas que siguen para no repetirme en exceso, que es, por otra parte, el riego que uno corre cuando escribe sobre un mismo tema más veces de lo debido.

Repugna cierto espectáculo al que esta semana hemos asistido y estamos asistiendo tras conocerse la decisión del Tribunal de Estrasburgo sobre la aplicación en España de la denominada doctrina Parot. La derecha quiso sacar rédito de la actividad de Eta –en cuanto se dio cuenta de que podría reportarle un buen número de votos– y todavía hoy se empeña en seguir sacándolo. Como si sólo a los que en ella militan o con ella simpatizan les doliera el daño causado por los terroristas y fueran sus únicos enemigos auténticos.

Teniendo en cuenta lo dicho, no es de extrañar que, a pesar de los dos años transcurridos desde el anuncio del cese definitivo de la lucha armada, esa misma derecha aproveche la menor oportunidad para volver a las andadas. Sólo en este contexto se puede entender ese denodado empeño suyo por responsabilizar injusta, infundada y, lo que resulta más grave, malintencionadamente al anterior gobierno de ZP de que la etarra Inés del Río esté ya en libertad y de que, al amparo de la resolución del citado tribunal, lo puedan estar próximamente otras varias decenas de miembros encarcelados de la organización vasca.

Así pues, y dadas las circunstancias, bien está que, en aras de clarificar, se recuerde, por ejemplo, que no fue Zapatero sino Aznar, siendo presidente del Ejecutivo, quien llamó a Eta –se supone que para no ofender a ninguno de sus integrantes– Movimiento Nacional de Liberación. Como está bien que se recuerde igualmente que no fue cuando gobernaron los socialistas sino durante la presidencia del susodicho, es decir, de don José María, cuando más beneficios penitenciarios se otorgaron a los etarras y cuando se puso en práctica –el exministro Jaime Mayor Oreja podría explicarnos por qué y para qué– una política sistemática de acercamiento de presos al País Vasco.

Es entendible la indignación de las víctimas por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y por lo que ésta implica. Cualquier hijo de vecino biennacido puede compartirla. Repatea el estómago que asesinos sanguinarios salgan a la calle y, para más inri, puedan vivir cerca de quienes sufrieron directamente sus crímenes. Pero quien dirige los destinos de un estado de derecho ha de exhibir altura de miras y no dejarse llevar por la emoción, el sentimiento y, mucho menos, los instintos más primarios.

Guste o no guste, y aunque haya quien diga lo contrario, en cada conflicto a lo largo de la historia la paz siempre tuvo un precio. La cuestión para toda sociedad está en decidir si merece la pena pagarlo o es preferible cargar con el elevado coste de vivir bajo la amenaza permanente de la violencia.

Viva Campo de Gibraltar, 25 de octubre de 2013

Mentirosos compulsivos

 El recurso a la mentira es muy habitual en el seno de la vida en sociedad. No en vano se dice que la existencia, nuestra existencia, es poco menos que una farsa en la que cada uno representa el papel que le dejan o que puede. En política ya ni te cuento. Es el ámbito de la actividad humana donde probablemente el arte de mentir alcanza sus máximas cotas. Callar u ocultar una verdad o decirla sólo a medias se convierte a veces en un mecanismo de autodefensa. Se diría que en determinadas situaciones, más o menos extremas, es incluso pura y mera cuestión de supervivencia.

El problema surge cuando el recurso a la mentira se convierte en la esencia del discurso, en el eje de una estrategia. El discurso y la estrategia de quienes mandan y dirigen nuestros destinos. Consistente fundamentalmente en aparentar lo que no se es, hacer lo opuesto de lo que se dice y afirmar lo contrario de lo que se piensa. Fenómeno éste del que estamos siendo testigos últimamente en este país demasiado a menudo, no sin algo de premeditación y alevosía, desde que el PP gobierna. A las pruebas no hay más que remitirse. Baste recordar que este partido se nos presentó y presenta como protector y garante de los servicios públicos, pero los privatiza; de los derechos de los ciudadanos, pero los recorta, y del estado de bienestar, pero se lo carga. Claro que sin desearlo ni quererlo, según aseguran, sino porque las circunstancias obligan. ¡Cómo para creérselo!

Lo que resulta, sin embargo, indignante no es –aun siéndolo– que se recurra al engaño para ganar el favor de la opinión pública y las elecciones que haya de por medio. A fin de cuentas quien en campaña electoral hace promesas y se olvida de ellas en cuanto logra su objetivo siempre tiene a mano excusas para justificarse y, si no las tiene, siempre puede inventárselas. Lo indignante es, en mi opinión, que con una exhibición de cara dura y cinismo merecedora de un alto puesto en el Libro Guinness de los Récords se hagan malabarismos con los números y los datos y así se falsee, tergiverse o manipule la realidad a conveniencia. Es lo que hizo por ejemplo la pasada semana la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría cuando dijo que son quinientos mil los parados que cobran la prestación por desempleo y defraudan, aun a sabiendas de que no es cierto (¿Quién sabe si para en un futuro no lejano disminuirla?). O lo que hizo también días atrás el ministro Montoro cuando aseguró en el Congreso de los Diputados que en España los salarios no están bajando sino subiendo moderadamente. A menos, eso sí, que se estuviera refiriendo al suyo –a su sueldo, quiero decir– y a los sueldos de algunos de su entorno, en cuyo caso me callo. Aunque quizá sea en habilidades de este tipo el ministro Wert quien dentro del Ejecutivo se lleve la palma, aparte del presidente, por supuesto. A juzgar por cómo las gastó para desacreditar la hoy extinta asignatura de Educación para la Ciudadanía o reducir las becas.

Como me decía alguien en una conversación de café, éstos son todos unos mentirosos compulsivos. Y, si no lo son, bien que lo parecen.

Viva Campo de Gibraltar, 18 de octubre de 2013

El tercer centenario de la RAE

Se cumple este año el tercer centenario de la creación de la Real Academia Española de la Lengua y quiero dedicar las líneas que siguen a la celebración de estas efemérides.

La RAE fue fundada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, con el propósito de «fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza», como bien lo indica su propio lema.

Entre los cientos de noticias que recibimos al cabo del día una de este tipo pasa prácticamente desapercibida. A la mayoría de la gente se la refanfinfla que dicha institución tenga tres siglos tras de sí o tenga tres mil y le importa un pepino qué es o para qué sirve. Nos hallamos en plena transición de la era de la palabra y la iconografía a una era distinta marcada por la tiranía de la sobreinformación y la sobretecnificación. Aunque dicha transición, afortunadamente, no se ha completado aún y espero y deseo no se complete a muy corto plazo.

Afortunadamente, digo, pensando en aquellos para los que la lengua hablada y escrita, sobre todo escrita, continúa siendo la materia prima de su oficio y de un modo u otro viven de ella, como es mi caso. La labor de la RAE quizá no sea de importancia capital, ni lo haya sido nunca, pero tiene su valor y su repercusión. No quiere decir esto que sin una institución de estas características nuestro idioma no hubiera llegado a ser lo que es y a cumplir las funciones que cumple, aunque sí que se las ha facilitado. No hay que olvidar que la lengua no es más que un sistema de signos y todo sistema de signos es resultado de una convención. Y todo el mundo sabe que para que haya convención, es decir, acuerdo, debe haber una autoridad –ya sea real, ya sea figurada– que vele por que las normas no se infrinjan.

Puede parecer esto una obviedad, pero no lo es. Y la RAE un invento de la modernidad, mas no es así. La preocupación por la lengua tuvo un gran protagonismo en la Antigüedad Clásica. Tanto, que para griegos y romanos la gramática y la retórica constituían los pilares de su educación. Hasta un grado que hoy sorprendería a muchos de quienes no tienen ni idea del nivel de refinamiento y amor al arte de hablar y escribir bien que por aquel entonces unos y otros alcanzaron.

De hecho, el espíritu “academicista” que a partir del Renacimiento habría de ir extendiéndose por Europa no fue sino un afán por rescatar y sacar a la luz mucho de aquel saber clásico que, tras la fractura del mundo grecorromano y la caída del Imperio de Occidente, durante la llamada Alta Edad Media, permaneció prácticamente en el olvido.

Es posible y muy probable que haya quien dude de su utilidad. De la utilidad de la RAE, quiero decir. Después de todo, vivimos en unos tiempos en los que los números se imponen a las letras. Y es posible y probable también que haya a quien se le haya pasado por la cabeza la ocurrencia de eliminarla. O tal vez de privatizarla al cien por cien, para no hacerle ascos a la moda actualmente imperante. En cualquier caso, y aunque no soy purista ni partidario de ninguna ortodoxia, ni siquiera en lo que al uso del castellano se refiere, yo sí que me alegro de que exista.

Viva Campo de Gibraltar, 27 de septiembre de 2013

El desafío de Cataluña

Por mucha culpa que le echen a Zapatero, a Rubalcaba, a Maragall, al PSC, lo obvio e innegable es que el catalanismo ha estado ahí siembre y en lugar de diluirse, después de 30 años de democracia y autonomías, ha crecido y se ha hecho más fuerte. Podrán cargar las tintas en lo que supuso la aprobación del nuevo estatut. Podrán decir que con el proceso reformador de las leyes fundamentales de las principales comunidades autónomas el primer gobierno socialista de la década anterior abrió la caja de los truenos. Tanto para convencerse a sí mismos como para convencer a sus votantes, pero la realidad es la que es, no hay vuelta de hoja.

La derecha española poco ha hecho a lo largo del referido período, es decir, desde 1976 para acá, y mucho menos antes, a fin de tender puentes y evitar la fractura entre Cataluña y España. Más bien todo lo contrario. Con un discurso casi carpetovetónico del que todavía hoy no ha sido capaz de desvincularse como debiera, ha contribuido a fortalecer más que a debilitar el victimismo del que siempre se han nutrido los nacionalismos periféricos y, muy especialmente, el de la región que no s ocupa. (Y ello a pesar del esfuerzo que uno de sus más insignes representantes hizo por chapurrear catalán, siquiera fuera en la intimidad, para congraciarse con los catalanoparlantes). Es verdad que quien pactó con Carod Rovira y ERC fueron los socialistas, pero quienes más hicieron por el encumbramiento del susodicho y por el éxito de su formación en aquellas elecciones autonómicas de 2003 fue el PP. Además, no hay que olvidar que los predecesores y fundadores de este partido se opusieron al contenido del Título VIII de la Constitución en la que se sientan las bases de la organización territorial del estado y la descentralización administrativa y muchos de ellos se opusieron incluso a la totalidad de la Constitución en sí misma.

Lo que yo no entiendo es el recelo del PP hacia la implantación de un modelo federal en este país cuando el actual estado de las autonomías de que disponemos ya se le asemeja, y muy mucho. Ni entiendo tampoco tanto reparo de este partido que nos gobierna a la idea de reformar nuestra Carta Magna para tal fin en lo que sea menester. Ningún texto legal puede ni debe ser eterno. La ley está hecha para servir al hombre y no al revés. Si las circunstancias cambian, lo lógico y razonable es que nuestro ordenamiento jurídico cambie. Siempre y cuando, claro, sea para mejor.

No sé por qué ponen Rajoy y compañía el grito en el cielo cuando el PSOE plantea una propuesta de ese cariz. Mejor es mover ficha y trabajar en busca de acuerdos que satisfagan a todas las partes que quedarse esperando y verlas venir. Me supongo que el Gobierno habrá calibrado el alcance y las posibles repercusiones del reto soberanista de Artur Mas y la Generalitat de Cataluña. Pero, si no lo ha hecho, qué Dios nos coja confesados. Pues no creo que la solución pase por impedir la consulta anunciada para 2014 mediante el uso de la fuerza.

En un tema de tanta trascendencia como éste no cabe mirar para otro lado. Dejar que llueva y esperar que escampe. Táctica ésta a la que como buen gallego suele echar mano el presidente cuando se ve en apuros. Podría llegar a ser un error histórico imperdonable y de graves e imprevisibles consecuencias.

Viva Campo de Gibraltar, 20 de septiembre de 2013

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