viernes, 28 de marzo de 2014
jueves, 27 de marzo de 2014
viernes, 21 de marzo de 2014
lunes, 17 de marzo de 2014
viernes, 14 de marzo de 2014
lunes, 10 de marzo de 2014
Ni VITTA ni VITTI
Esta
semana el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, realizaba unas declaraciones en
las que pedía mayor celeridad al gobierno de la Junta de Andalucía en el
otorgamiento de la autorización ambiental unificada para la inversión de VITTI.
Cosa que he de decir me sorprendía, si bien no mucho. Y digo que me sorprendía
porque se da la circunstancia de que quien precisamente ha solicitado a la
administración autonómica la paralización del procedimiento para la concesión
ha sido la propia empresa interesada.
Lo hizo,
si mis datos no son erróneos, el pasado mes de enero y de ello dieron debida
cuenta los medios locales y comarcales. Hasta en tanto no se resuelvan o
sorteen los obstáculos administrativos derivados del planeamiento urbanístico
de San Roque, por cuyo término tendría que discurrir una de las canalizaciones
de la instalación de almacenamiento de combustible proyectada por la citada compañía
holandesa, en caso de que finalmente la obra se ejecute.
De lo
que deduzco que cuando dijo lo que dijo el señor Romero no estaba certeramente
informado del asunto. O sí que lo estaba, pero, con todo, tenía el hombre ese
día ganas de salir a la palestra.
Aunque
lo que de verdad me sorprende es el cambio de opinión del hoy primer edil de
Los Barrios en cuanto a la llegada y puesta en marcha de actuaciones
industriales, independientemente del impacto que las mismas puedan tener en la
salud de nuestro hábitat y nuestro entorno paisajístico. Como sorprende también
el entusiasmo que muestra.
Lástima
que no sostuviera igual parecer años atrás, allá por 2006, para apoyar el
desarrollo de La Gertrudis que trató de promover el anterior equipo de gobierno
con la construcción de un nuevo parque empresarial y la implantación en la zona
de la multinacional LPC Group. Y digo lástima porque es muy probable que, de
haberlo hecho, otro gallo nos habría cantado.
Por
aquel entonces el señor Romero y su partido consideraban poco menos que una
barbaridad la ubicación de una fábrica de papel reciclado, una planta para el
acabado de productos farmacéuticos y un centro de investigación contra el
cáncer, así como otras industrias de producción basada en tecnologías limpias no
contaminantes, en el término municipal barreño, al lado de la A-381. Y, sin
embargo, ahora estiman como genial la idea de colocar junto a la playa de
Palmones una gasolinera gigante. Pese a que de instalaciones de este tipo –cuya
presencia entraña riesgo y ofrece una rentabilidad sociolaboral más que dudosa–
andamos ya sobrados en la bahía.
Lo que
no dicen el hoy alcalde de Los Barrios y su partido es que la implantación del
complejo de VITTI, VITTA, o cómo puñetas se llame, es posible gracias al actual
PGOM, vigente desde 2008. El mismo PGOM, por cierto, a cuya aprobación se
opusieron los andalucistas recurriendo a todas las triquiñuelas habidas y por haber
que tuvieron a su alcance. Como la de presentar más de trescientas alegaciones,
en su mayoría repetidas, a través de militantes, simpatizantes, allegados y
familiares suyos, prácticamente el último día y en el último minuto, para
retrasar y entorpecer el proceso de su entrada en vigor, por ejemplo.
Puede
que haya quien no lo tenga claro, y es más que comprensible, pero un servidor
sí. La iniciativa de los holandeses que tanto aplauden el señor Romero y sus
compañeros de filas no me hace ni pizca de gracia.
A mí la
única Vitti que me mola es (la) Mónica y la única Vita, la dolce, de Fellini…
La Verdad del Campo de Gibraltar, 10 de marzo de 2014
viernes, 7 de marzo de 2014
jueves, 6 de marzo de 2014
lunes, 3 de marzo de 2014
¡Viva el estado-empresa!
No me gusta la reforma de la administración local
implementada por el gobierno del PP. No me gusta en absoluto. Y no estoy
obedeciendo al decir esto directriz de nadie, aunque pueda haber quien así lo
crea. No digo que no incluya alguna que otra medida razonable, acertada y necesaria
en los tiempos que corren. ¡Faltaría más! Pero me parece que no va a ser buena
para los municipios porque va a cercenar notablemente el protagonismo que, con
sus luces y sus sombras, éstos han tenido en la mejora de la vida de los
ciudadanos desde que se reinstauró en este país el régimen democrático y se
optó por la descentralización administrativa.
Resulta evidente que se trata de una decidida
apuesta del ejecutivo de Rajoy por la privatización de los servicios públicos.
Esto es, por convertirlos en una oportunidad de negocio. Y por situar los
valores puramente empresariales y económicos por encima de otros valores en la
gestión de las administraciones públicas, como si lo único que importara fueran
los números y no las personas.
Con la excusa del derroche en materia de gasto
político en nuestros ayuntamientos, que es verdad que lo ha habido en los años
de bonanza, como lo ha habido en las comunidades autónomas, independientemente
de quienes las han gobernado, el gobierno del Partido Popular se ha propuesto
sacar a subasta los servicios básicos, que hasta la fecha venían prestándose
desde el ámbito de lo público, para que los explote la iniciativa privada. Dando
por hecho que la privatización supone ahorro en costes y una mejora en la
calidad de los mismos. Lo cual es cuando menos discutible. Y no porque lo diga
un servidor, sino porque así lo apuntan también numerosos estudios llevados a
cabo, informes como los del Tribunal de Cuentas –cuyos magistrados no creo sean
sospechosos de ser prosoviéticos ni nada
que se le asemeje– y, sobre todo, la experiencia con la que contamos en España,
donde las excepciones no hacen sino confirmar la regla.
Sin embargo, llama la atención que sea precisamente
en la limitación del gasto político dentro de nuestras administraciones locales
en lo que menos incide la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local que entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2013.
Hasta tal punto que, en lugar de reducir, amplía los topes de las
remuneraciones para quienes ocupen cargos y la cantidad de empleados que se
pueden contratar en calidad de personal de confianza. Cosa que, no sé a ustedes,
pero a mí me parece todo un dislate.
El otro caballo de batalla al que se pretende
hacer frente con la aprobación de esta ley se supone que es el excesivo número
de empleados que han soportado y soportan nuestras administraciones
periféricas. No más elevado, sino menos, todo hay que decirlo, que las
administraciones periféricas de la mayoría de países de nuestro entorno. Pero
que, es verdad, se ha convertido en un problema para el que, en cualquier caso,
no creo sean solución los despidos masivos e indiscriminados y el aumento de
las listas del paro, con tal de bajar un punto o dos el déficit. Sobre todo, si
se tiene en cuenta que el principal desequilibrio de nuestro sector público en
realidad no ha estado tanto en su facilidad para generar deuda como en su
inoperatividad para obtener más ingresos.
Nadie discute que no haya que racionalizar y
reajustar las estructuras de nuestras administraciones locales. Por supuesto
que sí. Pero lo que no podemos permitir es que tanto la racionalización como el
reajuste que se predican sea restar la capacidad de decisión y acción de los
ciudadanos a través de sus representantes legítimos, mermar la autonomía
municipal y supeditar la suerte de nuestros pueblos y ciudades a intereses de
particulares que no siempre coinciden con los intereses generales, sino más
bien todo lo contrario, por mucha película que nos cuenten.
Si nos ceñimos a esa lógica de que la gestión
privada es más eficiente que la pública, ¿por qué no privatizamos el
funcionamiento de toda la Administración al completo y nos dejamos de milongas?
Ya puestos, ¿para qué leches queremos instituciones
políticas, participación y democracia
cuando un buen plantel de gerentes y tecnócratas que se preocupen de los
indicadores de la economía y la balanza exterior es más que suficiente para
cuidar de la salud de nuestro estado-empresa?
La Verdad del Campo de Gibraltar, 3 de marzo de 2014
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