lunes, 29 de diciembre de 2014

El discurso del rey

Artículos - Web de J. A. Ortega

lunes, 22 de diciembre de 2014

Menos leyes y más vergüenza

Artículos - Web de J. A. Ortega

lunes, 13 de octubre de 2014

Local hero

Las asociaciones ecologistas vienen afirmando desde hace tiempo que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Los Barrios mienten sobre la inversión de Vitol. Ya saben, la iniciativa de ubicar junto a la playa de Palmones una planta de almacenaje de combustible, lo que se dice una gasolinera gigante, para incrementar en nuestro litoral el bunkering, por si con lo que ya tenemos, en lo que a este tipo de prácticas se refiere, y similares, no fuera para nosotros bastante.
Los ecologistas aseguran que tanto la Junta como el Consistorio barreño falsean la verdad sobre el impacto que la construcción y puesta en marcha de dicha planta podría tener para el crecimiento del empleo, exagerando las cifras, así como sobre los efectos en el entorno de la bahía, ya muy castigada, minimizando los riesgos. Y un servidor piensa lo mismo.
Según los datos reflejados en el proyecto presentado por la propia multinacional, durante los veinticuatro meses previstos para el montaje de las instalaciones las obras no generarían más de 173 puestos de trabajo en los períodos de mayor actividad, muchos de ellos para personal específicamente cualificado. Y a esto se ha de sumar el hecho de que, una vez en funcionamiento, la planta no daría empleo a más de veinte o veinticinco operarios, también debidamente cualificados, en el mejor de los casos. Esto es, unos muy reducidos beneficios para una población, la campogibraltareña, que, a cambio, debería asumir mayores peligros de los ya asumidos como consecuencia de la industrialización mal planificada que la administración del estado emprendió, a finales de los sesenta y principios de los setenta del pasado siglo, para impulsar el despegue de la zona y resarcirla de las servidumbres padecidas y por padecer a cuenta del conflicto fronterizo con el Peñón.
Hay que decir que promover en la comarca nuevas infraestructuras de almacenaje de petróleo, y encima destilado a bajo precio en las Antípodas, o vete tú a saber en qué otra parte del mundo, puede contribuir a la futura deslocalización de un sector industrial, éste, cuya desaparición, es verdad, sería vista con buenos ojos, si corrieran otros tiempos distintos a los que corren, pero también causaría un grave perjuicio social y económico, sin un plan de desarrollo alternativo. O, dicho de otro modo, puede poner en apuros la continuidad del negocio relacionado con el tratamiento y refinado de crudo en el Campo de Gibraltar, cuya presencia –independientemente de que guste más o guste menos– ha dado trabajo de calidad durante décadas a miles de campogibraltareños.
Pero es que, además, el modelo de industrialización que representa Vitol va en contra de la estrategia de urbanización y crecimiento que los anteriores equipos de gobierno del Ayuntamiento de Los Barrios empezaron a trazar a partir de mediados de la década de los 90 –en mi opinión, con notable acierto– apostando, de un lado, por el fomento de las actividades comerciales, turísticas y de ocio y, de otro, por las nuevas tecnologías, el aprovechamiento de las energías renovables y la producción de bajo impacto ambiental o, en lo posible, no contaminante.
Este tema me trae a la memoria el recuerdo de una película que vi en el cine, allá por la década de los 80, cuando estudiaba periodismo en Madrid. Una cinta escocesa con preciosa banda sonora de Mark Knopfler y titulada “Local hero” –en España, “Un tipo genial”– que recomiendo.
Creo haberlo afirmado en más de una ocasión, incluso desde esta misma tribuna. Aunque, por si acaso, lo reitero. La idea de una gasolinera gigante –¡otra más!– cerca de donde resido y casi a orillas de la playa que frecuento desde la niñez ni me gusta ni me hace ni chispa de gracia.

La Verdad del Campo de Gibraltar, 13 de octubre de 2014

lunes, 12 de mayo de 2014

Operación Cañete

Me sorprendió el pasado martes, y no puedo decir que gratamente, la movilización policial que se produjo en Los Barrios a raíz de la visita de don Miguel Arias Cañete y don Juan Manuel Moreno Bonilla. Si les digo la verdad, en la edad que tengo jamás había visto por el centro de esta localidad una reunión de fuerzas del orden como la que hubo ese día para éstos y otros gerifaltes peperos. Ni siquiera para actos multitudinarios de mayor enjundia. Al menos que yo recuerde. Exceptuando, eso sí, la convocatoria de algún que otro pleno de los más polémicos presididos hasta la fecha por Jorge Romero como alcalde y para los que se ha contado incluso con los “goap”, que son como los “geos” pero en versión local, además de cuantiosos efectivos de la Guardia Civil.
Con motivo de dicha visita, créanme lo que les digo, por poco no se junta en la Plaza de la Iglesia y sus alrededores más números del instituto armado, brigadillas y policías que para la Romería del Santo Patrón, que, por cierto, aunque ya no se proclame, sigue siendo celebración de Interés Turístico Nacional. Hicieron acto de presencia varios vehículos de la Benemérita, de la Policía Municipal y probablemente también alguno de la Secreta y se cortaron nada más y nada menos que tres calles a la circulación de automóviles y de peatones. Tanto que no me equivocaría mucho si afirmo que hubo por allí más agentes de la autoridad que ciudadanos de a pie.
Y todo esto a santo de qué, se preguntarán ustedes. Pues a santo de que se inauguraba la nueva y flamante sede del Partido Popular barreño. Un evento que, aun pudiendo considerarse de cierta importancia cívica, no era institucional, no tenía pinta de atraer la atención de una multitud tan numerosa y abultada como para entrañar riesgo y que no creo mereciera el exagerado despliegue en seguridad que se llevó a cabo, ni aunque los militantes de esta formación hubieran corrido con los gastos echando mano de sus bolsillos. Pues todo el mundo sabe que la Villa de Los Barrios ni tiene una población que se caracterice por ser muy contestaria, revolucionaria o conflictiva, ni  es un lugar que se distinga por una alta concentración de actividad criminal o terrorista, que yo sepa.
En mi opinión, creo que se produjo todo un dispendio injustificable de medios materiales y humanos para la vigilancia de lo que no fue más que el sencillo acto preelectoral de un partido político, que, todo sea dicho, antes de 2011 apenas gozaba de relevancia social en el municipio.
Aunque lo que me parece más grave aún es que dicho despliegue no se efectuara para velar por la integridad de los personajes públicos que acudieron a la cita como protagonistas, y que no son precisamente lo que se dice ídolos de masas. Sino para que los miembros de la llamada Plataforma de Despedidos del Ayuntamiento –¡qué miedo que dan, Señor!– no les afearan la ceremonia y les aguaran la fiesta. Cosa que consiguieron sólo a medias.
Se me ocurre que, si Susana Díaz hubiera contado con la mitad de las medidas de seguridad con las que contaron aquí el exministro y el presidente de los populares andaluces, el pasado mes de octubre los alcaldes malagueños del PP no habrían podido zarandear el coche oficial de la presidenta como lo zarandearon durante la conmemoración del décimo aniversario del Museo Picasso de Málaga.
Estoy casi seguro de que el dispositivo policial organizado en Los Barrios tuvo hasta nombre. Tal vez algo así como “Operación Cañete”.

La Verdad del Campo de Gibraltar, 12 de mayo de 2014

lunes, 10 de marzo de 2014

Ni VITTA ni VITTI

Esta semana el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, realizaba unas declaraciones en las que pedía mayor celeridad al gobierno de la Junta de Andalucía en el otorgamiento de la autorización ambiental unificada para la inversión de VITTI. Cosa que he de decir me sorprendía, si bien no mucho. Y digo que me sorprendía porque se da la circunstancia de que quien precisamente ha solicitado a la administración autonómica la paralización del procedimiento para la concesión ha sido la propia empresa interesada.
Lo hizo, si mis datos no son erróneos, el pasado mes de enero y de ello dieron debida cuenta los medios locales y comarcales. Hasta en tanto no se resuelvan o sorteen los obstáculos administrativos derivados del planeamiento urbanístico de San Roque, por cuyo término tendría que discurrir una de las canalizaciones de la instalación de almacenamiento de combustible proyectada por la citada compañía holandesa, en caso de que finalmente la obra se ejecute.
De lo que deduzco que cuando dijo lo que dijo el señor Romero no estaba certeramente informado del asunto. O sí que lo estaba, pero, con todo, tenía el hombre ese día ganas de salir a la palestra.
Aunque lo que de verdad me sorprende es el cambio de opinión del hoy primer edil de Los Barrios en cuanto a la llegada y puesta en marcha de actuaciones industriales, independientemente del impacto que las mismas puedan tener en la salud de nuestro hábitat y nuestro entorno paisajístico. Como sorprende también el entusiasmo que muestra.
Lástima que no sostuviera igual parecer años atrás, allá por 2006, para apoyar el desarrollo de La Gertrudis que trató de promover el anterior equipo de gobierno con la construcción de un nuevo parque empresarial y la implantación en la zona de la multinacional LPC Group. Y digo lástima porque es muy probable que, de haberlo hecho, otro gallo nos habría cantado.
Por aquel entonces el señor Romero y su partido consideraban poco menos que una barbaridad la ubicación de una fábrica de papel reciclado, una planta para el acabado de productos farmacéuticos y un centro de investigación contra el cáncer, así como otras industrias de producción basada en tecnologías limpias no contaminantes, en el término municipal barreño, al lado de la A-381. Y, sin embargo, ahora estiman como genial la idea de colocar junto a la playa de Palmones una gasolinera gigante. Pese a que de instalaciones de este tipo –cuya presencia entraña riesgo y ofrece una rentabilidad sociolaboral más que dudosa– andamos ya sobrados en la bahía.
Lo que no dicen el hoy alcalde de Los Barrios y su partido es que la implantación del complejo de VITTI, VITTA, o cómo puñetas se llame, es posible gracias al actual PGOM, vigente desde 2008. El mismo PGOM, por cierto, a cuya aprobación se opusieron los andalucistas recurriendo a todas las triquiñuelas habidas y por haber que tuvieron a su alcance. Como la de presentar más de trescientas alegaciones, en su mayoría repetidas, a través de militantes, simpatizantes, allegados y familiares suyos, prácticamente el último día y en el último minuto, para retrasar y entorpecer el proceso de su entrada en vigor, por ejemplo.
Puede que haya quien no lo tenga claro, y es más que comprensible, pero un servidor sí. La iniciativa de los holandeses que tanto aplauden el señor Romero y sus compañeros de filas no me hace ni pizca de gracia.

A mí la única Vitti que me mola es (la) Mónica y la única Vita, la dolce, de Fellini…

La Verdad del Campo de Gibraltar, 10 de marzo de 2014

lunes, 3 de marzo de 2014

¡Viva el estado-empresa!

No me gusta la reforma de la administración local implementada por el gobierno del PP. No me gusta en absoluto. Y no estoy obedeciendo al decir esto directriz de nadie, aunque pueda haber quien así lo crea. No digo que no incluya alguna que otra medida razonable, acertada y necesaria en los tiempos que corren. ¡Faltaría más! Pero me parece que no va a ser buena para los municipios porque va a cercenar notablemente el protagonismo que, con sus luces y sus sombras, éstos han tenido en la mejora de la vida de los ciudadanos desde que se reinstauró en este país el régimen democrático y se optó por la descentralización administrativa.
Resulta evidente que se trata de una decidida apuesta del ejecutivo de Rajoy por la privatización de los servicios públicos. Esto es, por convertirlos en una oportunidad de negocio. Y por situar los valores puramente empresariales y económicos por encima de otros valores en la gestión de las administraciones públicas, como si lo único que importara fueran los números y no las personas.
Con la excusa del derroche en materia de gasto político en nuestros ayuntamientos, que es verdad que lo ha habido en los años de bonanza, como lo ha habido en las comunidades autónomas, independientemente de quienes las han gobernado, el gobierno del Partido Popular se ha propuesto sacar a subasta los servicios básicos, que hasta la fecha venían prestándose desde el ámbito de lo público, para que los explote la iniciativa privada. Dando por hecho que la privatización supone ahorro en costes y una mejora en la calidad de los mismos. Lo cual es cuando menos discutible. Y no porque lo diga un servidor, sino porque así lo apuntan también numerosos estudios llevados a cabo, informes como los del Tribunal de Cuentas –cuyos magistrados no creo sean sospechosos de ser prosoviéticos ni  nada que se le asemeje– y, sobre todo, la experiencia con la que contamos en España, donde las excepciones no hacen sino confirmar la regla.
Sin embargo, llama la atención que sea precisamente en la limitación del gasto político dentro de nuestras administraciones locales en lo que menos incide la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2013. Hasta tal punto que, en lugar de reducir, amplía los topes de las remuneraciones para quienes ocupen cargos y la cantidad de empleados que se pueden contratar en calidad de personal de confianza. Cosa que, no sé a ustedes, pero a mí me parece todo un dislate.
El otro caballo de batalla al que se pretende hacer frente con la aprobación de esta ley se supone que es el excesivo número de empleados que han soportado y soportan nuestras administraciones periféricas. No más elevado, sino menos, todo hay que decirlo, que las administraciones periféricas de la mayoría de países de nuestro entorno. Pero que, es verdad, se ha convertido en un problema para el que, en cualquier caso, no creo sean solución los despidos masivos e indiscriminados y el aumento de las listas del paro, con tal de bajar un punto o dos el déficit. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el principal desequilibrio de nuestro sector público en realidad no ha estado tanto en su facilidad para generar deuda como en su inoperatividad para obtener más ingresos.
Nadie discute que no haya que racionalizar y reajustar las estructuras de nuestras administraciones locales. Por supuesto que sí. Pero lo que no podemos permitir es que tanto la racionalización como el reajuste que se predican sea restar la capacidad de decisión y acción de los ciudadanos a través de sus representantes legítimos, mermar la autonomía municipal y supeditar la suerte de nuestros pueblos y ciudades a intereses de particulares que no siempre coinciden con los intereses generales, sino más bien todo lo contrario, por mucha película que nos cuenten.
Si nos ceñimos a esa lógica de que la gestión privada es más eficiente que la pública, ¿por qué no privatizamos el funcionamiento de toda la Administración al completo y nos dejamos de milongas?
Ya puestos, ¿para qué leches queremos instituciones políticas, participación  y democracia cuando un buen plantel de gerentes y tecnócratas que se preocupen de los indicadores de la economía y la balanza exterior es más que suficiente para cuidar de la salud de nuestro estado-empresa?

La Verdad del Campo de Gibraltar, 3 de marzo de 2014

lunes, 24 de febrero de 2014

El que avisa no es de fiar...

Jorge Romero se nos volvió a salir del tiesto. Al tipo hay que reconocerle que en esto de la política sabe ofrecer juego y espectáculo. Detalle éste que, en  mi opinión, no dice nada en su favor, sino todo lo contrario.
El pasado sábado el alcalde del PA convocaba una rueda de prensa para despacharse a gusto y anunciar la ruptura del pacto de gobierno que su partido mantenía con el PP en Mancomunidad. Noticia que no creo haya sorprendido a los populares, y mucho menos a los de Los Barrios, que saben de sobras cómo las gasta su socio andalucista, pero que, no obstante, ha debido dejar a más de uno con las patas colgando. Entre ellos al presidente del PP barreño, David Gil, a quien parece ser que se la ha colado, y bien colada, y al secretario general de esta misma formación, José Carlos Lara, de un tiempo a esta parte desaparecido en combate.
Ambos, tanto Gil como Lara, han sido, muy a su pesar, junto a su jefe de filas, Antonio Sanz, principales valedores del señor Romero y, mira por donde, han visto compensada su lealtad a éste, y su esfuerzo por sacarle las castañas del fuego en la gestión del día a día en el Ayuntamiento, enterándose de la deserción del grupo andalucista en Mancomunidad por la prensa.
Expone el alcalde de Los Barrios diez razones por las que rompe el acuerdo y, como buen populista que es, pone por delante de todas ellas el interés general de los ciudadanos. Como si fueran él y sus amigotes los únicos en el mundo mundial que se preocupan del bienestar de la gente, cosa que, como se comprenderá, no me puedo creer –hace ya mucho que me caí del nido– y, por tanto, no me creo.
No sé por qué, pero estoy plenamente convencido de que los verdaderos motivos por los que ahora el PA decide dar esta espantada son de otra índole y mucho menos altruistas.
Yo no cuento con suficientes elementos de juicio para afirmar si el precio del agua es excesivamente elevado o no. Probablemente lo sea. Lo que sí sé es que la cuantía de lo que se paga a Arcgisa por el suministro no supera la media de lo que se paga en el resto de España y está por debajo de lo que se paga en las poblaciones del Campo de Gibraltar donde esta sociedad pública no opera. Así que mucho me temo que, tras esa polémica alimentada por el señor Romero en torno al coste del vital elemento, lo que en realidad se esconde es el propósito suyo, hasta el momento frustrado, de privatizar el servicio, que es lo que defendió siempre mientras estuvo en la oposición, si  mal no recuerdo.
Tampoco sé si lo que cobran de sueldo el director general de la referida empresa y demás cargos directivos es mucho o poco. En cualquier caso, lo relevante no es si se trata de mucho o poco, sino de si lo que cobran es merecido o no. Ahora bien, de lo que sí estoy seguro es de que, ganen lo que ganen, el dinero destinado a remunerarles está mucho mejor empleado que el destinado a remunerar, por ejemplo, el trabajo de la señora Andrades como vicepresidenta de la institución comarcal, si es que, aparte de ir a Fitur, realizó alguno desde 2011 hasta la fecha.
Lo único cierto es que con el anuncio del pasado fin de semana el ilustrísimo alcalde de Los Barrios nos ha brindado una nueva demostración de cómo se maneja con la demagogia. Se aproximan comicios, de modo que necesita echar mano del discurso electoralista y escenificar que reniega de un PP en horas bajas.
Sin embargo, yo pienso que la ruptura del pacto no puede considerarse una felonía por su parte. Sobre todo, si se tiene en cuenta que era de esperar y que ya hizo más de un amago de romperlo desde que lo suscribiera hace algo más de dos años.
El que avisa no es traidor, aunque, eso sí, tampoco es de fiar.

La Verdad del Campo de Gibraltar, 24 de febrero de 2014

lunes, 17 de febrero de 2014

¿Quién traiciona a quién?

Mira tú quienes vinieron esta semana a criticar el uso de la tarjeta de crédito por parte de Gemma Araujo. ¡Los señores del PP! Justo los que más tienen por donde callar en lo que a un tema de este tipo se refiere. A tenor de lo que hicieron y dejaron hacer durante los años que Juan Carlos Juárez y Alejandro Sánchez estuvieron al frente del Ayuntamiento. Y es que, como a día de hoy todo el mundo sabe ya, sobre austeridad, comedimiento y eficiencia en la gestión municipal, los populares pocas lecciones pueden dar a nadie. Más bien todo lo contrario. Salvo honrosas excepciones, entre las que, por supuesto, La Línea no se incluye.
Yo creo que más de uno dentro de las filas del PP linense le ha echado mucho morro a la cosa en este asunto. No sólo por reprochar a la señora Araujo un gasto con la visa de alcaldía que nunca realizó, sino por el supuesto destino de dicho gasto. El pago de la comida que la primera edil compartió con el ministro principal del Peñón, acompañada de otros próceres del PSOE, para tratar de solucionar el problema de las tensiones con Gibraltar, por entonces en pleno auge, en lugar de arrojar más leña al fuego, como otros.
¿Se puede considerar reprobable que la primera edil de La Línea, ejerciendo de anfitriona en un encuentro destinado a buscar el acercamiento entre dos pueblos que son vecinos, hubiera invitado a almorzar a Picardo? Yo entiendo honestamente que no, aunque en opinión del PP sí.
No voy a recurrir a esa frase ya manida de que en política no vale todo, porque parece que nadie o casi nadie hace de ella caso, y los políticos precisamente aún menos. Ni apelar a la exigencia de que en todo lo relacionado con lo público hay que ser serios, responsables, coherentes y medianamente rigurosos, dado que suena a utopía. Pero sí voy a recordar que, como mínimo, es importante, sino por cuestión de ética, sí de estética, procurar no quedar con el culo al aire.
Yo pienso que lo que el principal partido de la oposición en La Línea debía de haber hecho en esta materia es arrimar el hombro y apoyar las gestiones del gobierno local encaminadas a mejorar las relaciones con las autoridades llanitas en bien de los ciudadanos de uno y otro lado de la Verja.
Claro que pedir al PP linense que arrime el hombro es como pedirle peras al olmo. Lo único que no hace falta pedirles a los populares de esta ciudad es sentido de estado. Lo tienen, es verdad, aunque, eso sí, bastante adulterado, diría yo. Porque la mayor parte de las veces que intentan hacer gala de él confunden la idea de España con la particular concepción que de ésta tienen desde su partido, y viceversa, como si ambas realidades fueran lo mismo. Y, por suerte, no lo son.
Tanto es así que, en el colmo de la desfachatez, cuando el almuerzo de marras se produjo llegaron incluso a acusar de traición al Ejecutivo de Rajoy a la alcaldesa  y a los dirigentes socialistas que la acompañaron.
Yo no sé si lo que les parece realmente grave al señor Ferrá y compañía es el hecho de que Araujo hubiera podido abonar la comida –algo que no ocurrió– o el motivo por el que se celebró la misma. Aunque, bien sea por una u otra razón, bien sea por ambas, lo que resulta evidente para quien esto escribe es que, en lo que a Gibraltar respecta, y en lo que no también, al PP de La Línea, una vez más, se le ve el plumero.
La pregunta, en realidad, es obligada: ¿quién traiciona a quién?

La Verdad del Campo de Gibraltar, 17 de febrero de 2014

lunes, 10 de febrero de 2014

Cuando el río suena...

Si uno se interesa por el llamado caso Algesa, al hilo de todo lo último que en torno al mismo ha acontecido, la pregunta se convierte en ineludible. ¿Qué no contendría la grabación que en su día la ex gerente en funciones de la citada empresa municipal puso a disposición de la fiscalía? Que no contendría, digo, para que el asunto haya derivado hacia donde lo ha hecho, sorprendiendo  a propios y extraños.
No voy a ser yo quien saque de esta historia conclusión alguna. Y mucho menos de manera precipitada. Entre otras razones porque a estas alturas de este más que interesante thriller todavía no es posible. Digamos que nos hallamos en el nudo de la trama y que hay que aguardar, eso sí con mucha atención, hacia donde va apuntando el desenlace. No obstante, alguna que otra consideración sí que se puede hacer con los datos de que se dispone en la mano. Aun a riesgo de que dichas consideraciones resulten poco atinadas o, si lo quieren, erróneas.
Me da la espina de que éste de Algesa es otro de esos episodios relacionados con la gestión de la cosa pública en el que bien se puede emplear aquello del “piensa mal y acertarás”. Sea como fuere, la verdad es que resulta difícil de entender que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras haya de repente aceptado readmitir a dos ex directivos de dicha empresa que previamente fueron por dos veces despedidos –en mayo de 2012 y en enero de 2013– como consecuencia de su presunta implicación en el robo de mercancía decomisada. Y más difícil de entender que supuestamente lo haya hecho en cumplimiento de unas sentencias del Juzgado de lo Social –recurribles y recurridas, si no me equivoco– que no declararon dichos despidos como nulos, sino como improcedentes, y que, por tanto, no obligaban a que fueran readmitidos, sí o sí.
Flaco favor hace el equipo de gobierno del señor Landaluce a la causa de la lucha contra la corrupción en la administración pública al permitir la vuelta a la dirección de Algesa a dos individuos que fueron cesados de sus cargos y puestos de patitas en la calle por ser considerados unos presuntos delincuentes. Si es que realmente fueron despedidos por esa más que justificada razón. Detalle éste que, cuando menos, también cabe plantearse, visto lo visto. A pesar de que fueron pillados in fraganti y detenidos por el Servicio de Vigilancia Aduanera mientras delinquían, según se publicó en su momento, allá por abril de 2012.
Claro que lo que más sombras de duda proyecta sobre este apasionante affaire son varios hechos concatenados que invitan a la sospecha y a toda clase de elucubraciones sin necesidad de tener una imaginación como la de Tolkien. Tanto es así que hay quien ve en la retirada de la denuncia por parte de la ex gerente en funciones de Algesa, que llevó a cabo la comprometedora grabación, en la conocida supuesta imputación del concejal Luis Ángel Fernández y en la solicitud de archivo de la causa por parte del ministerio fiscal un pacto solapado para tapar a alguno o a algunos del Partido Popular algecireño determinadas vergüenzas.
Decía días atrás en rueda de prensa el secretario de Política Institucional del PSOE de Algeciras, Fernando Silva, que algo huele a podrido en todo esto. Es decir, que lo que hay o ha podido haber detrás de este embrollo es un chanchullo de cojones. Yo ni lo creo ni lo dejo de creer. Aunque es más que probable. Ya saben, cuando el río suena…

La Verdad del Campo de Gibraltar, 10 de febrero de 2014