Si uno se interesa por el llamado caso Algesa, al hilo de todo lo
último que en torno al mismo ha acontecido, la pregunta se convierte en
ineludible. ¿Qué no contendría la grabación que en su día la ex gerente en
funciones de la citada empresa municipal puso a disposición de la fiscalía? Que
no contendría, digo, para que el asunto haya derivado hacia donde lo ha hecho,
sorprendiendo a propios y extraños.
No voy a ser yo quien saque de esta historia conclusión alguna. Y mucho
menos de manera precipitada. Entre otras razones porque a estas alturas de este
más que interesante thriller todavía no es posible. Digamos que nos hallamos en
el nudo de la trama y que hay que aguardar, eso sí con mucha atención, hacia
donde va apuntando el desenlace. No obstante, alguna que otra consideración sí
que se puede hacer con los datos de que se dispone en la mano. Aun a riesgo de
que dichas consideraciones resulten poco atinadas o, si lo quieren, erróneas.
Me da la espina de que éste de Algesa es otro de esos episodios
relacionados con la gestión de la cosa pública en el que bien se puede emplear
aquello del “piensa mal y acertarás”. Sea como fuere, la verdad es que resulta
difícil de entender que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras
haya de repente aceptado readmitir a dos ex directivos de dicha empresa que
previamente fueron por dos veces despedidos –en mayo de 2012 y en enero de
2013– como consecuencia de su presunta implicación en el robo de mercancía
decomisada. Y más difícil de entender que supuestamente lo haya hecho en
cumplimiento de unas sentencias del Juzgado de lo Social –recurribles y
recurridas, si no me equivoco– que no declararon dichos despidos como nulos,
sino como improcedentes, y que, por tanto, no obligaban a que fueran
readmitidos, sí o sí.
Flaco favor hace el equipo de gobierno del señor Landaluce a la causa
de la lucha contra la corrupción en la administración pública al permitir la
vuelta a la dirección de Algesa a dos individuos que fueron cesados de sus
cargos y puestos de patitas en la calle por ser considerados unos presuntos
delincuentes. Si es que realmente fueron despedidos por esa más que justificada
razón. Detalle éste que, cuando menos, también cabe plantearse, visto lo visto.
A pesar de que fueron pillados in fraganti y detenidos por el Servicio de
Vigilancia Aduanera mientras delinquían, según se publicó en su momento, allá
por abril de 2012.
Claro que lo que más sombras de duda proyecta sobre este apasionante
affaire son varios hechos concatenados que invitan a la sospecha y a toda clase
de elucubraciones sin necesidad de tener una imaginación como la de Tolkien.
Tanto es así que hay quien ve en la retirada de la denuncia por parte de la ex
gerente en funciones de Algesa, que llevó a cabo la comprometedora grabación,
en la conocida supuesta imputación del concejal Luis Ángel Fernández y en la
solicitud de archivo de la causa por parte del ministerio fiscal un pacto
solapado para tapar a alguno o a algunos del Partido Popular algecireño
determinadas vergüenzas.
Decía días atrás en rueda de prensa el secretario de Política
Institucional del PSOE de Algeciras, Fernando Silva, que algo huele a podrido
en todo esto. Es decir, que lo que hay o ha podido haber detrás de este
embrollo es un chanchullo de cojones. Yo ni lo creo ni lo dejo de creer. Aunque
es más que probable. Ya saben, cuando el río suena…
La Verdad del Campo de Gibraltar, 10 de febrero
de 2014
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